La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) expresó su más enérgica condena y profunda preocupación ante el intento de la Fiscalía Occidente de Chile de acceder a los registros telefónicos, datos de georreferenciación y tráfico de comunicaciones de once periodistas chilenas y chilenos, entre ellas reconocidas comunicadoras como Francisca Skoknic, Gabriela Pizarro, Leslie Ayala, Catalina Olate, Francisca Soto, Paulina Toro y Macarena Segovia, en el marco del denominado “Caso Hermosilla”.
De acuerdo con la organización, esta acción representa un grave atentado contra la libertad de prensa y el secreto profesional, pilares esenciales de la labor periodística, y evidencia los riesgos que enfrentan las y los periodistas —en particular las mujeres— que investigan casos de corrupción y abuso de poder.
“Las mujeres periodistas son con frecuencia objeto de formas agravadas de hostigamiento, vigilancia y deslegitimación, tanto en el espacio físico como en el digital, lo que vulnera no solo su derecho a informar, sino también su integridad, privacidad y seguridad”, señala la RIPVG.
El intento de identificar fuentes mediante medidas de vigilancia intrusivas advierte el pronunciamiento, viola los estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos los establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que obligan a los Estados a garantizar un entorno seguro y libre de represalias para el ejercicio del periodismo.
La red celebró la decisión del 4º Juzgado de Garantía y de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazaron categóricamente la solicitud de la Fiscalía, reafirmando la protección constitucional del secreto de las fuentes periodísticas. Dicho fallo, sostuvo, constituye un precedente clave en defensa del derecho de la sociedad a recibir información plural, veraz y libre de censura.
La RIPVG —que agrupa a periodistas de más de veinte países comprometidas con el periodismo feminista y la defensa de la libertad de expresión— manifestó su solidaridad con las personas periodistas afectadas y su respaldo al Colegio de Periodistas de Chile por su postura firme ante este intento de vulnerar la confidencialidad periodística.
“Sin fuentes protegidas no hay periodismo libre, y sin periodismo libre no hay democracia posible”, concluye el pronunciamiento, recordando además que “sin mujeres periodistas seguras y libres de violencia, no hay periodismo con igualdad ni con perspectiva de derechos humanos”.