Durante ocho años, la periodista peruana Paola Ugaz ha enfrentado al menos cinco demandas por difamación entre 2018 y 2026, además de acusaciones por otros presuntos delitos vinculadas con sus investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, según organizaciones de libertad de prensa. La querella más reciente, presentada el 17 de agosto de 2026, reactivó la exigencia internacional de proteger su trabajo y la confidencialidad de sus fuentes.
La acción fue presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) por presunta difamación agravada continuada. El 21 de septiembre, PEN Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones y medios difundieron una declaración conjunta. Pidieron al Poder Judicial peruano desestimar la querella y garantizar que los procedimientos penales no se utilicen para intimidar a periodistas ni comprometer la confidencialidad de sus fuentes. [1, 2]
Una investigación que abrió nuevos frentes
Desde 2010, Paola Ugaz y Pedro Salinas investigan denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales vinculados con el Sodalicio de Vida Cristiana. En 2015 publicaron Mitad monjes, mitad soldados. Ugaz amplió después su cobertura a la gestión financiera de la organización y publicó sus hallazgos en La República. Según la declaración del 21 de septiembre, las quejas y demandas comenzaron mientras desarrollaba esa investigación y anunciaba un nuevo libro sobre las finanzas del grupo. [1, 3]
En junio de 2018, José Antonio Eguren, entonces arzobispo de Piura, presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz y Salinas. De acuerdo con los documentos judiciales examinados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la acción contra Ugaz se refería a una entrevista sobre el Sodalicio concedida en 2016 y a publicaciones en redes sociales. Eguren retiró posteriormente la querella y los cargos contra ambos periodistas quedaron sin efecto. [3]
En septiembre de 2019, Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, presentó otra querella penal por difamación. La acción cuestionaba declaraciones de Ugaz sobre él y su medio, difundidas en entrevistas y en un artículo. Según los documentos revisados por el CPJ, Revoredo solicitó una reparación de 200 mil soles; una eventual condena podría implicar hasta tres años de prisión. Él sostuvo que la querella respondía a esas declaraciones y negó que tuviera relación con las investigaciones sobre el Sodalicio. [3]
La confidencialidad de las fuentes, en riesgo
Los procesos documentados contra Paola Ugaz no se limitan a querellas por difamación. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una investigación por presunto lavado de activos abierta en 2021 fue cerrada en 2023. Ese mismo año se inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito que, de acuerdo con el abogado de la periodista, retomaba hechos examinados en la investigación anterior. [4]
En octubre de 2024, el CPJ solicitó el cierre de esta última causa y la revocación de una orden judicial para obtener registros telefónicos y datos de geolocalización de Ugaz correspondientes al periodo de 2013 a 2020. El organismo advirtió que la medida podría revelar sus comunicaciones y comprometer la confidencialidad de sus fuentes. Consultada entonces por el CPJ, la Fiscalía peruana respondió que la investigación estaba bajo reserva. [4]
En junio de 2025, PEN Internacional denunció la persistencia del hostigamiento legal y pidió desestimar las causas contra Ugaz. Por su parte, el 19 de agosto de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por los procesos y dio cuenta de denuncias de campañas de descrédito, acoso digital, amenazas y afectaciones a la privacidad de la periodista. [5, 6]
Una querella que reavivó la alerta internacional
La Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) presentó una querella contra la periodista peruana Paola Ugaz el 17 de agosto de 2026. La acción cuestiona artículos, entrevistas y declaraciones sobre las actividades financieras de la asociación, los cementerios que opera y señalamientos relacionados con terrenos.
La parte querellante solicita una pena de un año de prisión y 120 días-multa. También pide condiciones de rectificación y que Ugaz publique, a su costa, partes de una eventual sentencia firme. La reparación civil solicitada asciende a un sol peruano. [1]
En el comunicado conjunto, las organizaciones de libertad de prensa advirtieron que recurrir al derecho penal frente a investigaciones de interés público puede inhibir el trabajo periodístico, especialmente cuando la querella contempla prisión, multas y una rectificación ordenada por un tribunal. Ese efecto, señalaron, podría alcanzar tanto a Ugaz como a otras personas que investigan a instituciones poderosas. [1]
Posicionamiento de la RIPVG
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género expresa su solidaridad con Paola Ugaz. Durante ocho años, la periodista peruana ha enfrentado procesos judiciales mientras investiga asuntos de interés público. Ninguna periodista debe pagar con su seguridad, sus recursos o la confidencialidad de sus fuentes el costo de hacer su trabajo.
Nos sumamos a las organizaciones de libertad de prensa que han alertado sobre el uso de procesos penales para intimidarla. A la presión judicial se añaden amenazas, campañas de descrédito y acoso digital. Estas agresiones buscan desgastarla y envían un mensaje a otras periodistas: investigar al poder puede tener consecuencias.
Exigimos al Estado peruano protección efectiva y con perspectiva de género para Paola Ugaz y sus fuentes. Llamamos al Poder Judicial a resolver la querella con independencia, respeto al debido proceso y plena consideración del interés público de sus investigaciones y del efecto intimidatorio que podría tener una sanción penal o una rectificación impuesta.
Paola Ugaz debe poder investigar y expresarse sin amenazas ni represalias. Defender su libertad es defender el derecho de todas las personas a estar informadas.
Fuentes y enlaces directos:
1. FIP, declaración conjunta, 21 de septiembre de 2026
2. CPJ, presentación de la declaración conjunta, 21 de septiembre de 2026
3. CPJ, antecedentes de las querellas, 22 de septiembre de 2020
4. CPJ, comunicaciones y fuentes, 4 de octubre de 2024
5. PEN Internacional, pronunciamiento, 26 de junio de 2025
6. SIP, pronunciamiento, 19 de agosto de 2026
Texto: Rosa María Rodríguez Quintanilla