Mecanismos de protección insuficientes para salvaguardar el trabajo de mujeres periodistas
(II de III)
Por Elizabeth Muñoz Vásquez*
- Precarización económica, hostigamiento en la vida privada y profesional, y sin protección legal para denunciar es el contexto en el que laboran mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
La existencia de diversas leyes y mecanismos de protección para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, son insuficientes para garantizar la libertad de expresión y de opinión, frente a las medidas de retroceso y de antiderechos que han establecido los gobiernos de Argentina, El Salvador y México coincidieron en señalar las panelistas del Space, titulado “Periodismo y políticas de género en riesgo”.
Diana Fuentes, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), moderadora del panel, afirmó que “todas las estrategias antiderechos que avanzan en la región latinoamericana para silenciar el periodismo crítico, feminista y defensor de los derechos humanos de las mujeres están impactando negativamente en la salud, la vida personal, familiar y profesional de las mujeres periodistas, además de que muchas de ellas abandonan la profesión o se exilian con sus familias para salvaguardar su vida”.
Durante la segunda parte del foro que se transmitió por X-Space, las periodistas Liliana Hendel deArgentina, Krissia Girón de El Salvador- y la politóloga mexicana Mayra Sánchez, respondieron a la segunda pregunta hecha por la periodista guatemalteca Diana Fuentes ¿Con qué mecanismos de denuncia, protección y defensa de los derechos cuentan las periodistas, comunicadoras y ciudadanas de su país?
En Argentina las periodistas con perspectiva de género, tienen una doble precarización: la económica y la persecución de las autoridades por la agenda que defienden
Al hacer uso de la palabra, la periodista Liliana Hendel afirmó que a diferencia de otros países, Argentina cuenta con un “plexo jurídico legal, de convenios y de situaciones institucionales realmente importantes, construidas algunas desde hace muchos años desde la propia Constitución, como es la defensa del derecho humano a recibir información. El garante es el Estado, por lo tanto “no debe, ni puede quedar librado al mercado como están intentando hacer en este momento. El artículo 75, inciso 22 dice:, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir información, y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión” .
Añadió que desde la Constitución Nacional de su país, -aún con límites, dificultades y censuras de los diferentes gobiernos-, hay un paraguas de protección, “existió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde estaba incluido el inciso 3M, que justo hablaba de la violencia de género y existen varios decálogos del tratamiento periodístico y del cuidado de quienes trabajan en los medios de comunicación, cuenta con una Defensoría del Público que funciona sin capacidad de sancionar, pero que cumple un rol pedagógico y cuando hay situaciones muy graves de denuncia, acuden con los relatores internacionales, como el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en la que está al frente Pedro Vaca Villareal o Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, dijo, compartimos una preocupación, porque la potestad y el uso que se hace de las defensorías o de las relatorías son del orden de recomendaciones únicamente, y cuando suceden cosas parecidas a las de El Salvador –no hay leyes que protejan a periodistas y comunicadoras-; el caso de México con la exhibición del número de celular de la periodista Natalie Kitroeff del NYT o lo que nos sucede actualmente con la periodista feminista y escritora argentina Luciana Peker, -fundadora de Las 12, una separata del periódico argentino Página 12, que recién anunció que deja de imprimirse en papel-, quien ahora se encuentra en Europa y está a punto de pedir asilo político, por la persecución de todo tipo a la que ha sido sometida, vemos entonces que la problemática es muy semejante.
Hendel reveló que los medios de comunicación argentinos en general, tienen un problema muy grave de financiamiento, pero las periodistas con perspectiva de género tienen en ese sentido una duplicidad de la precarización, por lo tanto el ataque es múltiple, “es por las ideas, por el uso del lenguaje inclusivo, es por sostener fuertemente la agenda que implica la ampliación de los derechos para la comunidad de la disidencia sexual. ste es un momento en el que está en riesgo el logro maravilloso, que fue la posibilidad de incluir la ley de aborto seguro, legal y gratuito para todo el país, en cualquier hospital público sin el requerimiento de ningún ordenamiento jurídico”.
Aseguró que ante esta situación tienen muy pocos recursos. “Recursos teóricos muchos, leyes tenemos montones, el sistema de justicia en la Argentina está absolutamente percudido, éste absuelve a varones violentos, violadores, hay una situación muy grave en relación al sistema judicial y en ese sentido lo que sucede con la violencia de género. Las periodistas en este oficio, deberíamos poder contar legalmente con la posibilidad de un amparo, de que la ley nos asista, con la posibilidad de la defensoría o de las relatorías internacionales, pero en la realidad lo único que tenemos real y efectivo es la calle, somos nosotras mismas en red, difundiendo en las redes, acompañándonos cuando se produce alguna situación en particular, y la integridad física y emocional de alguna compañera periodista está en riesgo. Esto sucede habitualmente, y si bien en la teoría tenemos los recursos, en la práctica cada vez más desaparecen esos apoyos.
Mala implementación, corrupción, falta de voluntad política e impunidad, obstáculos en la correcta aplicación de los mecanismos de protección a mujeres periodistas en México
Por su parte, Mayra Sánchez – politóloga y responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C), recapituló sobre los mecanismos de denuncia, protección y defensa de los derechos con los que cuentan como mujeres periodistas, comunicadoras y ciudadanas de México, asegurando que el país “ha sido pionero en la región” en promover un marco legal de política pública para proteger la libertad de expresión y defender los derechos humanos.
Recordó que en 1991 fue el primer intento de crear una política en materia de protección a periodistas, así como para investigar la violencia a sus derechos humanos, en ese contexto fue la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), la que creó el Programa Especial de Periodistas, que tuvo como objetivo conocer casos de violaciones cometidas en agravio de las y los comunicadores.
Agregó que para 1995 el programa se modificó ante el contexto que enfrentaban las personas defensoras y que en el desempeño de su labor eran víctimas de violación a sus derechos humanos, por lo tanto desde 1997 se empezaron a denominar Programas de agravio a periodistas y defensa de civiles de derechos humanos.
Aseguró que actualmente ese programa, tiene por objetivo atender las quejas de violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras y periodistas, y forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, sin embargo, el resultado es “bastante precario, ha habido muy pocas recomendaciones (…) ha habido seis desde su existencia, es una herramienta bastante ineficaz”, sostuvo Mayra Sánchez.
Añadió que desde el año 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual cuenta con un protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y en teoría debería ser transversal la perspectiva de género e interseccional. En el 2012 fue aprobada la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a partir de ésta es que nace el Mecanismo Federal de Protección, como principal política pública, “no obstante los esfuerzos resultan insuficientes para proteger la vida, la seguridad, la libertad de quienes se dedican a promover los principios de la democracia”.
A pesar de que México cuenta con avances importantes en materia legislativa para disminuir la violencia en contra de las personas periodistas, vemos que la mala implementación, la corrupción, la falta de voluntad política y sobre todo la impunidad en los casos de agresiones –hasta de un 96%-, influyen para que no se garantice el ejercicio de libertad de expresión y de opinión, lo cual coloca en una condición permanente de impunidad y riesgo a las personas periodistas, “y en especial a las mujeres periodistas que realizan su trabajo en contextos de riesgo, sin que el Estado, y sus propios medios de comunicación puedan garantizar su protección”.
La también Doctora en ciencia política, afirmó que las mayores deficiencias se encuentran en el eje de prevención, atención y de reparación del daño, así como la falta de coordinación entre organismos e instituciones como el Mecanismo de Protección, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y las Comisiones estatales de Atención a Víctimas.
Señaló que otro instrumento con el que se cuenta en México es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 19 establece que “los municipios, los estados y la federación deben organizar el aparato de gobierno para que se asegure el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, y para ello deben de trabajar coordinadamente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y los Centros de Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia.
Dijo coincidir con su homóloga argentina, Liliana Hendel, en que a pesar de las normativas que existen para atender a las mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos, “vemos en definitiva que las respuestas no vienen del Estado y cómo las periodistas no son objeto de protección, sino sujeto de protección”.
En la república de El Salvador no hay leyes y políticas públicas que protejan a periodistas y comunicadoras
Krissia Girón, periodista de El Salvador, señaló que su país no cuenta con una política pública y ley que proteja específicamente los derechos de las periodistas y comunicadoras, y lo único que tienen son legislaciones que las amparan como mujeres y ciudadanas de su país.
Puntualizó que todas las personas periodistas se amparan en el artículo 6 de la Constitución de El Salvador, mismo que protege la libertad de expresión y difusión del pensamiento, “es el único artículo de la Constitución y de otras leyes en el que nos estamos amparando, pues por ejemplo en las pasadas elecciones hubo una cantidad considerable de agresiones al ejercicio periodístico y a personas periodistas.
Girón indicó que en cuanto a protección a mujeres, en El Salvador también existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que nos hace sujetas de derechos y es garante de que el Estado pueda crear políticas públicas orientadas a la detección, prevención y atención de las diversas expresiones de violencia. sin embargo tanto sobre esta Ley, como la de Igualdad y Equidad, y como la de la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que se aprobaron en 2010, “siempre han existido observaciones, obstáculos y piedras de tropiezo dentro del Estado para que puedan darles cumplimiento”.
Lamentó que una de las instituciones que deberían de proteger a las mujeres periodistas a no ser agredidas por los mismos funcionarios públicos, es el Instituto Salvadoreño de Atención a la Mujer, pues desde su creación ha establecido distintos mecanismos de denuncia, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de las diferentes expresiones de violencia de género. Sin embargo, desde el inicio del gobierno que preside Nayib Bukele, el Instituto está detenido, apagado y prácticamente desmantelado, ha sufrido una reducción de presupuesto de más de cinco millones de dólares, lo que ha impactado en los sistemas que se habían creado de atención a mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo el proyecto de Ciudad Mujer, donde existía una gran diversidad de atenciones para mujeres de diferentes zonas del país, está siendo desarticulado.
La periodista salvadoreña también denunció que desde la asamblea legislativa existe una eliminación y disminución presupuestal, y en diferentes instancias gubernamentales han desaparecido las unidades de género, “es lamentable el camino de desmantelamiento de instancias y mecanismo que ya existían a gracias a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y prácticamente nos estamos quedando con muy pocos mecanismos para poder establecer denuncias”.
Luego de concluir las exposiciones de las participantes, Diana Fuentes afirmó, “las escuchamos y tratamos de digerir toda la información y es evidente que los retrocesos son bastantes grandes, que no se pueden explicar”, reiterando lo que había manifestado Liliana Hendel en su intervención.
*Integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género